El Prosic de la Universidad de Costa Rica realizó un estudio en el que advierte que el reglamento de ciberseguridad 5G tiene tintes políticos en lugar de técnicos,pues se basa en el Convenio de Budapest,que no se puede interpretar como un estándar para la seguridad de 5G.

Comparte

Un reciente estudio de la Universidad de Costa Rica (UCR) cuestiona los fundamentos del reglamento de ciberseguridad 5G,emitido por el gobierno nacional en 2023,y advierte que su sustento no es técnico sino político.

En el informe Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2024,un grupo de investigadores del Programa Institucional Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic) de la UCR exponen los cuestionamientos que se han generado en torno a dicho reglamento.

La normativa establece medidas de ciberseguridad para las redes 5G: una de ellas es que prohíbe que los proveedores de equipos de telecomunicaciones y sistemas de transmisión de los países que no han ratificado el Convenio de Budapest participen en el despliegue de esta tecnología.

El Convenio sobre la Ciberdelincuencia (conocido comúnmente como Convenio de Budapest) determina un marco general para combatir los ciberdelitos.

Se trata de un tratado internacional que contiene disposiciones que regulan conductas criminales,pero no se puede interpretar como un estándar definido para la seguridad en el desarrollo de 5G,explica el estudio.

Hasta ahora,sólo 66 países (33% de todo el mundo) han firmado este convenio,pero muchos otros,entre los que destacan China,Rusia y Singapur,no lo han suscrito.

Dado que no se trata de un estándar,el reporte advierte que el requisito de adhesión al Convenio de Budapest no parece un criterio técnico sino más bien político y geopolítico.

Te recomendamos: ICE,Micitt y diputados de Costa Rica presentan denuncia penal contra Huawei

Alejandro Amador,coordinador del Prosic,señaló que “la decisión debería ser técnica,no obstante,en el país ha adquirido un tinte político,posicionando a Costa Rica como un escenario más en la guerra comercial entre las grandes potencias y que a su vez le está costando una mejor solución al país para el establecimiento de las redes 5G”.

Las tensiones geopolíticas a las que se hace referencia son las que mantienen Estados Unidos y China,ya que Huawei es el principal proveedor de telecomunicaciones que queda excluido de 5G en Costa Rica con el reglamento de ciberseguridad.

Esta exclusión se basa en un instrumento internacional creado para tipificar delitos informáticos,facilitar su investigación y orientar a los países en la regulación de los ciberdelitos,no en un criterio técnico para el desarrollo tecnológico.

Por esa razón,el estudio considera que,en este caso,su uso “expone al país a dinámicas geopolíticas en favor de uno u otro actor internacional”.

El gobierno de Estados Unidos ha implementado duras restricciones comerciales a China. Y en el ámbito de las redes de telecomunicaciones,prohíbe el uso de equipos de ese país,como los que proveen Huawei y ZTE.

Además,este país ha promovido que otras naciones implementen bloqueos a China,y ha estado estrechamente vinculado con la política comercial de Costa Rica durante el último año.

El informe recopila información sobre estándares actuales,creados por organizaciones como la GSMA y 3GPP,que establecen métodos para garantizar la seguridad de las redes 5G y que son ampliamente adoptados,no como sucede con el Convenio de Budapest.

También lee: Acción de inconstitucionalidad contra decreto de ciberseguridad 5G avanza en la Corte Suprema de Costa Rica

Por ejemplo,3GPP,la autoridad técnica máxima que desarrolla la tecnología móvil,define el estándar NESAS,cuyos criterios deben cumplir los fabricantes para garantizar la seguridad de 5G.

Este marco permite auditar y certificar los procesos de equipamiento de la tecnología 5G,lo que es compatible con la postura técnica de la Superintendencia de Telecomunicaciones respecto a la ciberseguridad,indica el estudio.

Asimismo,el estudio de la Universidad de Costa Rica señala que,además de los fundamentos técnicos,se ha cuestionado la atribución legal para que el Poder Ejecutivo dicte normas relacionadas con la compra y habilitación de redes de telecomunicaciones.

“Todo esto ha llevado a plantear debates sobre la necesidad de que se asegure la neutralidad tecnológica en el desarrollo de las redes 5G”,con el fin de evitar la discriminación,garantizar la imparcialidad a la hora de seleccionar un producto o servicio,así como asegurar condiciones que permitan la libre competencia,indica el informe.

Legisladores,especialistas,industria y organizaciones internacionales también han hecho hincapié en la importancia de la neutralidad tecnológica para garantizar la competitividad y el adecuado desarrollo de 5G en Costa Rica.

Si este principio no se asegura,se corre el riesgo,según explica el estudio,de ir en contra de la innovación,la competencia o la capacidad de adaptarse ante los potenciales cambios tecnológicos.